La Nación: Entre inflación y recesión, el Gobierno optó por inflación, pero va a tener las dos

El paquete de medidas anunciado por Massa el 27 de agosto acelerará las subas de precios, al tiempo que los problemas para concretar importaciones provocan una caída de la actividad

El camino a la hiperinflación está repleto de momentos en los que los gobiernos tienen que optar entre ajustar la actividad o acelerar la inflación, y eligen esto último. El paquete anunciado por el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa el domingo 27 de agosto se inscribe en esta tradición.

La devaluación post-PASO y la aceleración de la inflación le hubiesen permitido al Gobierno acercarse a la meta de déficit fiscal primario de 1,9% del PBI comprometida con el Fondo Monetario Internacional para este año. Esto es porque la recaudación en pesos de impuestos como el IVA sube con la aceleración de la inflación, pero algunos gastos están fijos. Por ejemplo, por la fórmula de indexación aprobada por este gobierno, las jubilaciones, pensiones y prestaciones social aumentaron este mes solamente un 23,29%. Sin embargo, atento a los saqueos que ocurrieron días después de la devaluación del 14 de agosto, el Gobierno anunció un programa que implica más fondos, por ejemplo, para jubilaciones, salarios y prestaciones sociales. Su costo fiscal fue estimado por los funcionarios en $700.000 millones, un monto no muy lejano al que se habría ahorrado por la aceleración de la inflación.

Dado que el Gobierno no accede al mercado de deuda, para cubrir el exceso de déficit habrá más emisión de pesos por parte del Banco Central (BCRA). En lo que va del año, se llevan emitidos $5,1 billones, de manera directa o indirecta, un 2,9% del PBI. La dinámica fiscal venía muy mal ya antes de la devaluación. El déficit fiscal primario acumulado a julio es de 1,25% del PBI, mientras que a julio de 2022 el déficit era de 1,1%, lo que presagiaba que sería difícil cumplir con la baja prometida del déficit primario durante el año, de 2,4% del PBI en 2022 a 1,9% en 2023.

Este impulso fiscal y, por lo tanto, monetario, se inscribe en un proceso de huida del dinero. La plata quema en los bolsillos y en las cuentas bancarias de los argentinos. Si no, sería imposible entender dos fenómenos que ocurrieron luego de las PASO. El primero es el salto de los dólares paralelos tras la devaluación del tipo de cambio oficial, y la suba de tasas de interés post-PASO. Ni con tasas estratosféricamente altas los argentinos se quedaron invertidos en pesos. El segundo fenómeno, relacionado con el anterior, es el elevado traspaso de la devaluación a la inflación, que está camino a romper todos los récords mundiales.

Así, la combinación de una mayor oferta de dinero y del proceso de huida de este será letal para la dinámica de precios de los próximos meses, y llevará la inflación de 2023 a alrededor del 180%. Luego de un a variación del índice de precios de más del 10% en agosto, es muy probable que en septiembre la suba sea aún mayor, a pesar de que el Gobierno está congelando todas las subas de precios que estén a su alcance regulatorio. Como el salto cambiario tuvo lugar a mediados de agosto, el impacto inflacionario se sintió en la segunda mitad del mes. Dado que la inflación es el promedio de varias tomas de precios hechas en el mes, lo que esto implica es que, si los precios no variaran durante todo septiembre con respecto al último dato de agosto, la inflación de septiembre sería de cerca de 7%. El “arrastre estadístico” le pone un piso muy alto a la inflación de este mes.

Si suponemos que el Gobierno logra mantener el tipo de cambio oficial estable, además de congelar tarifas y precios de todo tipo, la inflación de octubre puede ser que baje algo con respecto a la de septiembre. El mayor desafío para los funcionarios, si buscan lograr este objetivo en las semanas previas a las elecciones del 22 de octubre, es lograr mantener los tipos de cambio paralelos estables. La intervención en esos mercados sigue a pleno: el Banco Central quema más de US$35 millones de reservas por día para este (des)propósito, y lleva gastados casi US$2250 miles de millones desde inicios de mayo. En las últimas semanas le viene dando resultados. Pero al acercarnos a las elecciones, la dolarización de carteras típicamente se acelera.

Otro factor juega en contra del Gobierno. Massa ocultó a la población que había acordado con el FMI una devaluación post-PASO. Esto llevará a presuponer al mercado, acertadamente o no, que viene una devaluación tras las elecciones de octubre. Ante tal expectativa, las liquidaciones de los exportadores se frenarán, más allá de lo que logren con planes especiales como el recientemente lanzado para los sojeros.

Sin embargo, el FMI se quedó sin cartas para exigir una devaluación o un deslizamiento cambiario, o para parar el desembocado aumento del gasto público, o para detener el congelamiento de tarifas o, para el caso, para exigir cualquier cosa hasta pasadas la segunda vuelta electoral del 19 de noviembre. Esto es porque ya hizo los desembolsos de junio y de septiembre juntos, y la próxima revisión de metas está estipulada para noviembre. Es decir, si el Gobierno devalúa post primera vuelta es porque su candidato no entra al ballottage y/o porque se queda sin dólares. Pero, ya sea después de la primera o de la segunda vuelta, casi seguro que antes de fin de año viene una nueva devaluación, lo que llevará a la inflación a dos dígitos mensuales en diciembre, y quizás también en noviembre. Por eso, pensar en una inflación de 180% en 2023 no suena descabellado.

Y, aunque el Gobierno lanzó el plan platita para evitar una recesión, seguramente tenga una. Si miramos los cinco últimos episodios importantes de devaluación, en enero de 2014, diciembre de 2015, mayo de 2018, agosto de 2018 y agosto de 2019, la caída de la economía acumulada en los dos meses posteriores excede el 1,4%, en promedio. Se podría esperar que el plan platita morigere la caída, pero hay un factor que está presente esta vez que quizás la haga más severa: el pretendido aumento de demanda chocará con una importante restricción de oferta, ya que el cepo importador está haciendo estragos en la economía.

Los números de julio son reveladores y presagian lo que viene. Las importaciones pagadas cayeron 30% interanual, mientras que las importaciones cursadas y por lo tanto devengadas se contrajeron 19%. La diferencia entre las dos fue de más de US$2000 millones, agregándose así a una deuda comercial involuntaria que ya roza los US$20.000 millones. Pero, según pude recoger en conversaciones con empresarios de distintos sectores, el sistema ya llegó al límite. Es que el Gobierno aprueba la SIRA para importar, pero luego no les da acceso a los importadores a los dólares para pagar la mercadería. Los plazos se siguen estirando, pero la cuerda ya está próxima a romperse, y en algunos sectores ya se rompió. Los proveedores amenazan con no embarcar insumos para la Argentina. Las paradas de planta se expandirán con el correr de las semanas.

Es obvio, además, que el Gobierno se quedó sin yuanes. Mientras que el uso para importaciones era de un promedio diario cercano a US$60 millones equivalentes en junio y julio, cayó a menos de US$15 millones por día en agosto. El segundo tramo del swap con el banco central de China, contrariamente a lo anunciado con Massa, no está activado. Parafraseando al presidente de Paraguay: “¡Cómo le vas a creer a Massa!” Dicen que los funcionarios del FMI que tienen que lidiar con otros países le recuerdan esto seguido a los que están a cargo del programa con la Argentina. El FMI le perdonó tantas mentiras a este Gobierno que pierde poder de negociación con otros países.

En el sector de consumo masivo la situación es peor que en otros, porque mientras que el Gobierno impuso un acuerdo por subas de 5% mensual como máximo, los proveedores de insumos aumentan precios libremente. Lo paradójico es que mientras el Gobierno retacea dólares hasta para empresas que producen alimentos o insumos para alimentos, como envases, sigue quemando reservas para –como dirían los propios kirchneristas– la fuga de capitales.

Así, a diferencia de las PASO, a las que el Gobierno llegó con números de actividad relativamente potables si excluimos al sector agrícola, al 22 de octubre llegará con una crisis extendida a la mayoría de los sectores. No se salvan ni los restaurantes, que eran una locomotora. Como reportó Ignacio Olivera Doll en Bloomberg, en base a entrevistas con empresarios del sector, las ventas se desplomaron tras las PASO. La combinación de aceleración de precios e incertidumbre política pegó de lleno.

Con la aceleración de la inflación y el desplome de la actividad, la tasa de pobreza debe estar tocando niveles récords. Ya era de 42% en el semestre de febrero a julio, según estimó Martín González Rozada, de la Universidad Di Tella. Es posible que llegue al 45% a fin de año. Un legado social trágico del kirchnerismo que no podrá mejorar en el corto plazo, dado que el próximo gobierno tendrá que desarmar los otros legados del actual: deudas impagables y fuertes desequilibrios económicos.